Desastres naturales e imprevisión
lunes 25, febrero 2013
La prevención es una herramienta indispensable para el bienestar de la población, y para proteger los recursos y los bienes de las personas y del país en su conjunto. A nivel del gobierno central, gobernaciones departamentales y municipios, es un deber prioritario adoptar acciones para reducir el impacto de los desastres, pero también representa un reto que enfrenta la sociedad, a través de su participación y los mecanismos para que los ciudadanos se incorporen a la labor de prevención y a la acción solidaria.
En esta iniciativa, merecen especial mención el Grupo de Salvamento y rescate SAR-Bolivia, que cumplió 25 años de actividad. Inició sus actividades con 220 voluntarios en febrero de 1988 y actualmente, el grupo está compuesto por 1.500 personas y tiene presencia en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí, realizando innumerables operativos de búsqueda y rescate, que se apoyan en un equipo de voluntarios civiles, paramédicos y bomberos.
El otro grupo de rescate es SAR-FAB que se organizó como una unidad de búsqueda y salvamento con helicópteros, y comenzó sus actividades en la II Brigada Aérea de Cochabamba y posteriormente extendió sus actividades a todo el territorio nacional.
Por otra parte, Bolivia es signataria de acuerdos de prevención de desastres y para coordinar actividades internas hace más de dos años se ha creado un mecanismo nacional del que poco se sabe. Se trata de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres del Estado Plurinacional de Bolivia (Plataforma RRD) con la participación de las entidades gubernamentales del nivel nacional, departamental, regional y municipal, agencias y organismos internacionales, NN.UU., ONG, organizaciones sociales y de la Sociedad Civil, Sector Privado, Comunidad Científica y Académica, Sociedad Nacional de la Cruz Roja, forjadores de opinión y otras organizaciones de acuerdo con las definiciones, objetivos, principios y forma de funcionamiento.
Teóricamente la Plataforma de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) busca aumentar la resiliencia, concepto que se entiende como la capacidad para recuperarse y sobreponerse con éxito a la adversidad. Precisamente, la Plataforma RRD del Estado Plurinacional señala que tiene por objetivo contribuir al aumento de la capacidad de recuperación ante los desastres de origen natural o generado por la acción de la sociedad. Busca viabilizar el desarrollo sostenible incorporando políticas, planes y estrategias de desarrollo y de asistencia humanitaria, en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley 2140, Ley 3351, D.S. 29894 (DOOE) y demás normas en vigencia. Teóricamente, esas son sus funciones.
Pero ¿hasta qué punto el Estado cumple estos mandatos? ¿Ha avanzado en algo el anuncio de la creación de seguros contra desastres naturales? ¿Está protegida la agricultura con algún seguro frente a estas eventualidades? Las respuestas, desgraciadamente son negativas, y aunque el gobierno hace algunos esfuerzos para atender a los damnificados, esto no alcanza para resarcir los daños. Desafortunadamente, es poco probable que una compañía seria de seguros asuma los riesgos en Bolivia, frente a la inseguridad jurídica existente.
Nuestro país ha soportado daños de gran magnitud provocados por los desastres debido a inundaciones, deslizamientos, riadas, lluvias excesivas, sequía, granizadas y heladas. Esta es una situación recurrente de todos los años, sin embargo da la impresión de que siempre fuese la primera vez, porque encuentra a las autoridades y a los ciudadanos completamente desprevenidos.
En la actual y temporada de lluvia, 24 personas han fallecido, además de haber quedado afectadas más de 13 mil familias, según Defensa Civil. El gobernador de La Paz, César Cocarico, declaró "emergencia departamental", debido a que las inclemencias de las lluvias han afectado a más de 2.500 familias en 18 municipios, especialmente en Los Yungas y Alto Beni.
Chuquisaca, según el informe de Defensa Civil, es hasta ahora el departamento más damnificado, con más de 5 mil familias afectadas.
A nivel nacional se registraron más de 800 viviendas seriamente dañadas y en el área agrícola se perdieron 10.657 hectáreas de sembradíos. El fenómeno de El Niño afectó hasta la fecha a ocho de los nueve departamentos y a 58 de los 339 municipios, según informes oficiales.
En esta iniciativa, merecen especial mención el Grupo de Salvamento y rescate SAR-Bolivia, que cumplió 25 años de actividad. Inició sus actividades con 220 voluntarios en febrero de 1988 y actualmente, el grupo está compuesto por 1.500 personas y tiene presencia en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí, realizando innumerables operativos de búsqueda y rescate, que se apoyan en un equipo de voluntarios civiles, paramédicos y bomberos.
El otro grupo de rescate es SAR-FAB que se organizó como una unidad de búsqueda y salvamento con helicópteros, y comenzó sus actividades en la II Brigada Aérea de Cochabamba y posteriormente extendió sus actividades a todo el territorio nacional.
Por otra parte, Bolivia es signataria de acuerdos de prevención de desastres y para coordinar actividades internas hace más de dos años se ha creado un mecanismo nacional del que poco se sabe. Se trata de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres del Estado Plurinacional de Bolivia (Plataforma RRD) con la participación de las entidades gubernamentales del nivel nacional, departamental, regional y municipal, agencias y organismos internacionales, NN.UU., ONG, organizaciones sociales y de la Sociedad Civil, Sector Privado, Comunidad Científica y Académica, Sociedad Nacional de la Cruz Roja, forjadores de opinión y otras organizaciones de acuerdo con las definiciones, objetivos, principios y forma de funcionamiento.
Teóricamente la Plataforma de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) busca aumentar la resiliencia, concepto que se entiende como la capacidad para recuperarse y sobreponerse con éxito a la adversidad. Precisamente, la Plataforma RRD del Estado Plurinacional señala que tiene por objetivo contribuir al aumento de la capacidad de recuperación ante los desastres de origen natural o generado por la acción de la sociedad. Busca viabilizar el desarrollo sostenible incorporando políticas, planes y estrategias de desarrollo y de asistencia humanitaria, en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley 2140, Ley 3351, D.S. 29894 (DOOE) y demás normas en vigencia. Teóricamente, esas son sus funciones.
Pero ¿hasta qué punto el Estado cumple estos mandatos? ¿Ha avanzado en algo el anuncio de la creación de seguros contra desastres naturales? ¿Está protegida la agricultura con algún seguro frente a estas eventualidades? Las respuestas, desgraciadamente son negativas, y aunque el gobierno hace algunos esfuerzos para atender a los damnificados, esto no alcanza para resarcir los daños. Desafortunadamente, es poco probable que una compañía seria de seguros asuma los riesgos en Bolivia, frente a la inseguridad jurídica existente.
Nuestro país ha soportado daños de gran magnitud provocados por los desastres debido a inundaciones, deslizamientos, riadas, lluvias excesivas, sequía, granizadas y heladas. Esta es una situación recurrente de todos los años, sin embargo da la impresión de que siempre fuese la primera vez, porque encuentra a las autoridades y a los ciudadanos completamente desprevenidos.
En la actual y temporada de lluvia, 24 personas han fallecido, además de haber quedado afectadas más de 13 mil familias, según Defensa Civil. El gobernador de La Paz, César Cocarico, declaró "emergencia departamental", debido a que las inclemencias de las lluvias han afectado a más de 2.500 familias en 18 municipios, especialmente en Los Yungas y Alto Beni.
Chuquisaca, según el informe de Defensa Civil, es hasta ahora el departamento más damnificado, con más de 5 mil familias afectadas.
A nivel nacional se registraron más de 800 viviendas seriamente dañadas y en el área agrícola se perdieron 10.657 hectáreas de sembradíos. El fenómeno de El Niño afectó hasta la fecha a ocho de los nueve departamentos y a 58 de los 339 municipios, según informes oficiales.
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