Inquilinos denuncian 9 abusos de los propietarios de inmuebles
Inquilinos sufren al menos nueve tipos de abusos de los propietarios de departamentos, garzoniers y habitaciones que restringen sus derechos con condiciones en cuanto al uso del agua, energía eléctrica, tenencia de mascotas, garantías que no son devueltas y otras.Aniceto Hinojosa, secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inquilinos de Bolivia, y Mariluz Pillco, vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Paz, informaron sobre estos excesos a La Razón.
La primera queja es que los dueños elevaron el monto de las garantías y exigen anticipar el pago de uno o dos meses de renta, que por lo general no es devuelto cuando concluye el contrato bajo el argumento de que están destinados a cubrir las refacciones de la vivienda.
Exigen al interesado que cancele el 50% o el 100% de la mensualidad a la inmobiliaria, si el contacto se logró por esa vía, aunque el propietario haya contratado esos servicios.
La segunda es que hay dueños que rechazan a las familias con niños pequeños —porque supuestamente rayan la pintura y aceleran el deterioro de la vivienda— y ofrecen el arrendamiento sólo a parejas, personas solas o extranjeros.
Tampoco aceptan mascotas (tercera), restringen la visita de parientes y amistades (cuarta), prohíben el uso de los tendederos de ropa (quinta) y de las áreas de recreación como los patios y jardines (sexta) y vetan la realización de reuniones sociales en los inmuebles (séptima).
Efectúan cobros excesivos por el servicio de agua y energía eléctrica (octava) —que por lo general se prorratea entre las familias que habitan el inmueble y que a veces no toma en cuenta el número de personas por familia—, racionan el consumo del líquido y de la energía eléctrica si es compartido (novena).
“No son todos, hay quienes tratan bien a los inquilinos, pero existen aquellos que hacen negocio y hasta duplican el monto de las facturas por los servicios básicos”, expresó Hinojosa.
“Debería haber alguien que supervise este asunto. No puede ser además que estemos pagando alquileres como si estuviésemos viviendo en Europa o Estados Unidos, ya que un salario mínimo (Bs 1.200) no alcanza”.
En el departamento de La Paz, según el conteo manual de las boletas del Censo de Población y Vivienda 2011, viven 2,7 millones de personas, de las cuales, según el Comité Nacional de Alquiladores, el 48% vive bajo techo con esta modalidad.
La Ley del Inquilinato y el Código Civil regulan el régimen de arriendo para vivienda. La primera norma, que tiene 52 años, pues fue aprobada en 1959, cayó en desuso.
El artículo 10 de ese cuerpo legal prohíbe al propietario, por ejemplo, “privar, reducir o limitar a los inquilinos los servicios de agua potable, luz eléctrica e higiénicos; el uso de patios, libre tránsito y todo aquello que se refiere a usos comunes”.
Sanciona el negar la locación a personas con familia o matrimonios con niños, realizar contratos por intermedio de comisionistas, fijar cánones en moneda extranjera, y exigir y percibir rentas adelantadas.
Quienes “se nieguen a alquilar sus inmuebles a nacionales o a matrimonios con hijos serán sancionados con una multa de Bs 100.000 a Bs 500.000”, dice el artículo 13.
La ley —que establece las causales de desahucio— dispone que los jueces de instrucción en lo civil tomen conocimiento de estas denuncias en primera instancia.
El Código Civil, aprobado en 1975, tiene un capítulo sobre los arriendos de vivienda. Sin embargo, de sus 29 artículos referidos a este tipo de contratos, 14 fueron derogados y cuatro modificados.
Así, el artículo 690 señala que “el arrendador debe efectuar las reparaciones (...). El arrendatario queda obligado a informar al arrendador, a la brevedad posible, sobre la necesidad de tales reparaciones”.
SITUACIÓN. La vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Paz dijo que al día recibe de dos a diez denuncias de maltrato. “Sufrimos bastantes abusos. No nos muestran la factura de agua ni de luz, nos prohíben el uso del patio, nos condicionan para lavar la ropa, nos limitan porque los niños no pueden corretear. Esos son los problemas”, manifestó Pillco.
“Una inquilina me contó que le pidieron Bs 1.000 mensual, pero $us 200 de garantía ni siquiera le devuelven, aducen que el departamento está maltratado”, agregó.
Norah Santos, presidenta del Comité de Defensa de Propietarios de Bienes Inmuebles, indicó que existe abusos de los dos lados.“Hay inquilinos que consumen mucha agua y no lo reconocen, lo mismo la luz. Hay aquellos que rompen puertas, uno me destrozó el inodoro y se llevo las chapas”, señaló.
Ambas normas establecen que el valor del canon no puede ser mayor al 10% anual del valor catastral del inmueble, control que no hace ninguna entidad estatal.
La Razón hizo 15 llamadas a inmobiliarias y propietarios que ofrecían departamentos de tres dormitorios en arriendo en la zona Sur y el Centro de La Paz, y halló que el monto mínimo es de $us 550 y el máximo de $us 1.050.
Una mujer que ofrecía un departamento semiamoblado en el barrio de Obrajes pidió una renta de $us 550 al mes, dos meses de garantía y la comisión a la inmobiliaria, todo sumaba $us 2.200. “Además se cancela al mes como Bs 200 por el mantenimiento del edificio”, explicó.
“Tiene tres dormitorios, living, comedor, baño de visita, lavandería está amoblado, tiene todos los electrodomésticos, pedimos $us 550, un mes de adelanto y un depósito del 50% para la inmobiliaria y Bs 300 de mantenimiento, dijo otra propietaria cuyo departamento está situado en la avenida 6 de Agosto.
Mantener la vivienda
refacciones
Para Aniceto Hinojosa, miembro del Comité Nacional de Inquilinos de Bolivia, no es correcto pedir la refacción del departamento, ya que con los años éste se deteriora, presenta rajaduras y la pintura de las paredes se difumina.
Fiscal de la zona Sur investiga unas 100 estafas por anticréticos
En 2012, la Policía recibió denuncias de timos de entre $us 500 y $us 30.000 Al menos un centenar de anticresistas estafados presentó, en lo que va de este año, su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona Sur, informó la fiscal Fabiana Azero.
“De los más de 600 procesos que tengo, por lo menos unos 200 son por estafas por departamentos en anticrético y venta de lotes o casas, y unos 100 corresponden sólo al primer caso”.
En febrero de 2013 La Razón publicó un informe sobre la forma en la que operaban los timadores, que ofrecen a sus víctimas los inmuebles a precios muy por debajo de lo que rigen en el mercado.
Este tipo de delito no es nuevo. En abril de 2011, Justo René M. D. fue aprehendido por haber cometido cerca de 50 timos en tres años, utilizando como cebo una vivienda —ubicada en Sopocachi— que se encontraba ocupada.
El arrestado llegó a obtener al menos $us 100.000, ya que pedía $us 2.000 como adelanto a sus víctimas. En 2012 la fuerza anticrimen de La Paz recibió 63 denuncias de estafa inmobiliaria.
Hubo personas engañadas a través de los anuncios que se colocan en tiendas de barrio y que operan como inmobiliarias informales.
La Policía indicó que la suma máxima estafada por anticréticos en 2012 fue de $us 30.000 y la mínima de $us 500. En algunos casos los estafadores operaban con abogados, notarios y familiares. Mecapaca. Azero informó que entre los casos que investiga hay medio centenar de juicios penales en contra del exalcalde de Mecapaca, Rogelio A.“Él tiene más de 50 procesos. Hace más de un año lo he cautelado (sic) y se encuentra en la cárcel con detención preventiva”.
La forma en la que operaba la exautoridad era apropiándose de predios de la comunidad y de aquellos destinados a áreas verdes, los cuales posteriormente vendía. El sindicado obtuvo por estas transacciones entre $us 20.000 y $us 50.000.
“Por diez años incurrió en estos ilícitos y se conoce que desde la prisión continúa cometiéndolos, entonces se están realizando otras investigaciones”, dijo.Se tienen casos en que una vez que adquiría un lote, lo vendía a otras personas para aumentar sus ganancias en la cadena. La esposa y hermana del exalcalde también se encuentran con detención preventiva y su padre es investigado.
Este diario no logró contactar a la exautoridad que se halla recluida en el penal de San Pedro de La Paz para obtener su versión sobre esta imputación.
