Se contrató a 20 empleados, afirman
Denuncian que en EPSAS se despidió a 15 funcionarios
PROTESTA El Sindicato de Trabajadores ratifica que tomarán medidas de presión el lunes.
Página Siete / La Paz - 13/04/2013
- Antecedentes Antes de determinar la intervención, la AAPS activó en diciembre pasado un proceso de revocatoria de licencia de la empresa de agua y dio a sus ejecutivos plazos para que presenten descargos, los que, no obstante, no fueron considerados satisfactorios, según dijo en varias oportunidades el entonces director de la Autoridad, Germán Aramayo, que ayer fue echado.
Empleados de la intervenida empresa del agua.
“Son memorandos de destitución, son amedrentamientos y amenazas para que los trabajadores no puedan asistir a nuestra asamblea convocada, es el desconocimiento al ente sindical, es el desconocimiento a todo el fuero sindical”, sostuvo Quisbert.
Estos memorandos, según la denuncia del dirigente, fueron emitidos para los 15 trabajadores que integran el directorio del sindicato de EPSAS.
A raíz de estos despidos, que se registraron después de la intervención de EPSAS, el pasado 1 de abril, se iniciarán medidas de presión desde de la próxima semana, anunció Quisbert. El Gobierno había garantizado la estabilidad laboral cuando se intervino la empresa.
“Habrá huelgas de hambre, bloqueos, marchas, paro de actividades; vamos a evaluar y tomar la mejor acción en defensa de los trabajadores, pero dejo claro que el suministro de agua jamás será cortado porque eso sería atentar contra la población”, aclaró.
El dirigente también denunció que este mes contrataron al menos a 20 funcionarios. “Pensamos que no es la mejor forma de administrar una intervención”, dijo a Página Siete.
El pasado mes, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) emitió una resolución que autorizó la intervención de EPSAS. Todavía se debate sobre la creación de una empresa que preste este servicio a las ciudades de La Paz y El Alto.
La intervención del Gobierno se respaldó en una resolución de la AAPS, en la que se enumeran 17 causas, como la falta de inversión y la ineficiencia operativa, entre otras, que impidieron que la firma se convierta en una entidad pública como dispone la Constitución Política del Estado.
Se informó que la intervención durará seis meses y tendrá tres objetivos: garantizar el servicio, realizar una reingeniería y diseñar un modelo de gestión que la haga apta para administrar el servicio de agua para un área metropolitana de seis municipios.
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