El edificio carece de planos de construcción y de legalización
MIlenio II. Pilar Espinoza, de Documentación Territorial, con el plano.
Miguel Carrasco.
Sin embargo, se halló el plano de construcción
aprobado del edificio Milenio II, estructura que está en el mismo lugar
en el que se halla el inmueble en riesgo. La Sociedad Anónima de
Comercio (Sadeco), representada por Carlos Ormachea Zalles, aparece como
propietaria.
Ese documento fue aprobado el 3 de
enero de 1996, durante la gestión del Ronald MacLean, al amparo del
Reglamento de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento de 1993. Pero los
planos fueron alterados, se aumentó un nivel y un semisótano, se
construyeron 12 departamentos adicionales, 23 locales comerciales y 16
depósitos no autorizados. El fraccionamiento de propiedad horizontal fue
aprobado de forma provisional en 2000, pero con el nombre de El
Alcázar.
Viaña explicó que la constructora es
responsable de “haber alterado los planos de construcción del edificio
Milenio II, incrementar el número de departamentos y cambiar el uso y
destino de algunas unidades funcionales, pero principalmente de haber
adicionado una planta”. Sadeco —dijo— debe explicar por qué presentó
planos con un nombre y el fraccionamiento provisional (con las
alteraciones en obra) con otro nombre.
Sus
representantes tendrían que haber presentado el Certificado de
Estabilidad, realizado por un ingeniero y visado por el ex Consejo
Nacional de Ingeniería, para lograr la aprobación definitiva de los
planos arquitectónicos y de fraccionamiento, lo que no sucedió. Hasta la
fecha no entregó la solicitud para la aprobación definitiva de los
planos de fraccionamiento. Tampoco existen planos de legalización de las
alteraciones efectuadas al plano de construcción aprobado. “Ellos
tenían la obligación de presentar los planos arquitectónicos de
legalización”, Con ello se incumplió la normativa municipal y se dejó el
trámite inconcluso.
Para registrar el inmueble en
Derechos Reales era necesario el cumplimiento de los pasos arriba
anotados. “Sin embargo, los propietarios se registraron con el
fraccionamiento provisional”. Al menos diez dueños trataron de
regularizar su propiedad, pero ninguno completó el trámite, pues debían
presentar planos arquitectónicos visados por el Colegio de
Arquitectos, un certificado de estabilidad y un estudio geotécnico.
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